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Déjese querer por una loca

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¿POR QUÉ EL ALCALDE DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA AUN NO HA DIMITIDO?

Hace mucho que no escribo por aquí, ya sabéis, novedades de las buenas en mi vida…

Pero hoy tras leer una entrada en el foro de mi pueblo del abogado que ha puesto contra las cuerdas a Méndez me he empezado a hacer preguntas y buscando, buscando, acabo de darme cuenta de algo que no logro entender:

¿POR QUÉ EL ALCALDE DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA AUN NO HA DIMITIDO?

Y no encuentro respuesta, porque que debería de hacerlo es algo que está claro y sino al lío:

Como todos sabemos al Alcalde fue condenado  a 8 años de inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo o cargo público así como a tres años de prisión por cohecho, lo que conlleva una «inhabilitación especial de sufragio».

El artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en su punto 2º establece claramente:

Son inelegibles:

  • b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

Y no, no vale decir que la sentencia está recurrida en casación ya que  la Ley señala expresamente Los condenados por sentencia, aunque no sea firme.

¿Por tanto, a qué esperan los concejales de la oposición a pedir de manera formal el cese inmediato del alcalde en virtud de esta normativa concreta?

¿A qué esperan el resto de concejales de IPAE para pedir el cese de su jefe de partido?

Que alguien con un poco de dignidad política pida de manera inmediata  la convocatoria de un pleno en Ayuntamiento pidiendo la ejecución de la sentencia. Es necesario que se tenga constancia en pleno de dicha sentencia, para así pedir el cese inmediato del alcalde.

Echando un vistazo rápido a la prensa aquí tenemos un ejemplo de lo que estoy pidiendo en esta entrada.

Y aquí os dejo otro ejemplo, este con un matiz muy curioso:

En riesgo los bolsillos del alcalde y de sus cargos de confianza.

En primer lugar, ha alertado al alcalde de que su cese por la incompatibilidad sobrevenida de su sentencia de inhabilitación traería consigo automáticamente la reclamación de devolución de todo lo que haya cobrado desde que fue condenado y, además, de cuantos gastos haya contraído desde entonces a cargo del erario público.

En segundo lugar, Intervención de Fondos ha hecho constar que todo su personal de confianza se encuentra en la misma situación de alegalidad-ilegalidad que él y que, por tanto, también está expuesto a tener que devolver todos los sueldos que hayan cobrado desde la notificación de la sentencia del Caso Enchufe hasta su cese. Para que lo entiendan: los puestos de confianza son nombrados directamente por el alcalde, y la vigencia de sus contratos expira a lo más tardar cuando el alcalde cesa, normalmente al final de cada mandato. Si el primer edil cesa antes, sus puestos de confianza también. El sucesor de la Alcaldía puede renombrarlos en cuanto tome posesión del cargo (si se fía de los ‘confianzudos’ de su antecesor).

En una situación anómala como la de Arona, como el primer edil se está escaqueando de su obligación legal de cesar con triquiñuelas, su situación es tal alegal y comprometida como la de sus cargos de confianza. Esto sí que es novedad ¿eh? Que en vez de el pueblo raso sean sus políticos quienes estén aterrorizados con su solvencia económica 

Leed el artículo completo de ese blog porque merece la pena y puede ser reflejo de lo que pueda acabar ocurriendo en Arroyo.

¿Por cierto, quién es la Interventora en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda? ¿No tiene nada que decir a respecto?

Por todo lo expuesto, espero que o bien los concejales de la oposición que no sé realmente que pintan en el pueblo, porque es de vergüenza ajena su inacción, los propios concejales de IPAE, sí, los que de manera continua respaldan la actuación de su jefe condenado, la Interventora del Ayuntamiento, el Secretario, …qué alguien tenga dignidad política y visión pública y haga algo YA al respecto.

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La condonación de deuda de los partidos políticos: otra forma de “financiación” en la sombra

Ahora que tenemos a todas horas en la prensa la presunta financiación ilegal del PP y nos escandalizamos con las obscenas cantidades de dinero que Bárcenas movía en sus opacas millonarias cuentas suizas es hora de recordar algo que siempre ha estado ahí, pero que la prensa apenas ha tocado. Recordemos unos titulares de hace tiempo:

– El PSOE oculta por qué la Banca le perdonó 33 millones impagados

El PSOE oculta al Tribunal de Cuentas las condiciones por las que algunas entidades financieras, principalmente el Banco Santander y la caja vasca BBK, condonaron al partido en 2006 unos 33 millones de euros de intereses para saldar unos créditos supuestamente arrastrados desde hace 20 años. En aquella época, el partido se vio necesitado de fondos tras la costosa campaña de la OTAN.

El máximo órgano fiscalizador de las cuentas de los partidos políticos denuncia que carece de la información necesaria en esos acuerdos de condonación para evaluar si ha habido o no financiación irregular del PSOE.

El banco de España dirá si se condonó la deuda cuando el PSOE se lo permita

Los bancos sí condonan deudas a los partidos políticos

Podemos hablar de de la financiación presuntamente ilegal que promovió Bárcenas, de sus famosos papeles y llenar los medios con horas y horas de indignación . Y no está mal, es necesario por supuesto.

Pero cuando los partidos políticos toman ciertas decisiones que al resto de los mortales nos parecen asombrosas, cuando pasa todo lo que ha rodeado a Bankia, indultos inexplicables a ciertos banqueros, incapacidad aparente para poner freno a todos los desmanes de las cajas, echad un vistazo a los enlaces de más arriba, ved que cantidades de vértigo se manejan y empezad a atad hilos.

En resumen, ya sabéis quien es realmente la dueña de la democracia…

Reforma del Código Penal: Prisión permanente revisable si la víctima es el Rey.

Viendo el anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el actual Código Penal, entre las muchas cosas que introduce, esta especialmente me ha resultado curiosa:

Art. 485. Matar al Rey o a su heredero, cadena perpetua.  Resto de mortales, pónganse a la cola.

www.ub.edu dpenal CP_Antepro_03_04_2013.pdf

Aquí podéis ver el anteproyecto completo: http://www.ub.edu/dpenal/CP_Antepro_03_04_2013.pdf

Vía @bufetalmeida

Edit: con la prisión permanente revisable, eufemismo perverso de lo que es la cadena perpetua de toda la vida,  según la exposición de motivos,  se proporcionará una respuesta penal más adecuada a ciertos crímenes que causan una especial repulsa social. Se aplicará a los homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros. También será la pena prevista para los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio, así como, en el primer caso, con agresión sexual.

Alguno pensará si el Rey merece o no tal protección, diferenciándose del resto de los mortales…

El honor perdido de José Antonio Griñán

Excelente radiografía de lo que ocurre en España:

http://www.eldiario.es/zonacritica/honor-perdido-Jose-Antonio-Grinan_6_119398062.html

¿Qué tiene que decir el presidente de la Junta andaluza sobre el sistema de ayudas que permitió un fraude que quizá pueda alcanzar los 136 millones de euros? “Se podía haber hecho más seguro”, dice José Antonio Griñán en una entrevista.Durante diez años, la Consejería de Empleo fue un foco de corrupción. ¿Cómo se explica eso? ¿No pudo hacer nada para evitarlo el Gobierno del que formaba parte Griñán? “Había una concertación de intereses fuera con una complicidad dentro”, dice en una demostración de neolengua a las que tan mal nos tienen acostumbrados los políticos.

El caso de los ERE es otro ejemplo, aunque de los más dramáticos, de la impunidad política con que se mueven en España aquellas personas que tienen como responsabilidad la administración de fondos públicos. El argumento de la manzana podrida se cae por su propio peso cuando los corruptos campan a sus anchas no durante unos meses o unos pocos años, sino durante una década. En ese caso, el que está podrido es el sistema. El sistema de elección de cargos públicos, el sistema de control de las irregularidades o el sistema de asunción de responsabilidades.

En esa reveladora entrevista, en El País, el presidente andaluz parece empeñarse en hacernos llegar el mensaje de que son políticos como él los que, por acción u omisión, han permitido la extensión de la corrupción hasta niveles intolerables.

“El problema no es si se tardó mucho o poco, que se tardó, como que cuando se conoció el fraude se actuara o no se actuara. Y se actuó”. No hay nada más que hablar, dispérsense y no me formen grupos hasta que haya condenas. Cuando algunas personas que forman un grupo organizado roban decenas de millones al erario público, sí es un problema el tiempo que se tarde en echarles el guante. Y reaccionar cuando el fraude es notorio y no se puede ocultar, no es algo de lo que se pueda presumir. Sólo faltaba.

En la custodia de los fondos públicos, parece que la absoluta inexistencia de controles internos efectivos es poco menos que inevitable. En la mentalidad de políticos como Griñán, si te roban bajo tus narices 136 millones, no tienes ninguna responsabilidad. Te dicen que si les hubieran presentado pruebas incuestionables, habrían reaccionado con rapidez. Como si tuvieran otra elección. Pero si reciben indicios de que no se está cumpliendo la ley en la concesión de ayudas, siempre encuentran una excusa para mirar a otro lado. Que se pongan de acuerdo los organismos correspondientes. Yo prefiero no mirar no sea que encuentre algo que me obligue a actuar.

La entrevista adquiere un nivel deprimente cuando el periodista presiona a Griñán para que diga por qué no se hizo nada cuando la Intervención de la Junta alertó de que se daban las ayudas “prescindiendo del procedimiento administrativo previsto en la ley”. El líder del PSOE andaluz niega la mayor. Afirma que eso no era una señal de alarma, incluso que pasa con frecuencia en la Administración.

Aparentemente, la Intervención no envió el llamado “informe de actuación”, un semáforo en rojo que habría llegado al Consejo de Gobierno. Dentro del funcionamiento habitual en este país, quizá sus responsables no querían meterse en más problemas y elevar al máximo la disputa. Razón de más para reflexionar sobre el daño que hace el partidismo y el clientelismo en los órganos profesionales de la Administración.

Eso es lo que permitió a la viceconsejera de Economía tomar la decisión de no molestar al jefe (el propio Griñán, entonces responsable del departamento) con esos informes. En la línea de lo reseñado antes, la viceconsejera (Carmen Martínez Aguayo, hoy consejera) podía protegerlo mejor ahorrándole ese conocimiento. Como dice el presidente, estas cosas ocurren centenares de veces en la Administración. Intervención General dice que un gasto no se ajusta a la ley. Eso sólo son discrepancias contables. Ya lo arreglaremos de alguna forma.

Lo que no sabes no te puede hacer daño. Por eso, en la entrevista Griñán no cree que deba reprocharse nada grave.

Al final, todo eso que Griñán debería haber conocido sí ha terminado haciéndole daño. Acaba con la confianza de los ciudadanos en los políticos en todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos públicos. Demuestra que los gobiernos son extremadamente exigentes con los ciudadanos al ordenarles que hagan frente a sus responsabilidades fiscales, pero al mismo tiempo se toma sus propias obligaciones con una sorprendente ligereza. Alienta la idea de que sólo los políticos corruptos descuidados terminan siendo atrapados, y eso años más tarde.

Años atrás, el PSOE andaluz podía haber alegado (no sé si de forma muy convincente) que no había pruebas suficientes para dirimir las responsabilidades políticas. Ahora, incluso con la instrucción del caso pendiente de finalizar, no tiene derecho a sostener que sus dirigentes demostraron la diligencia debida en la protección del dinero de los contribuyentes. Ni siquiera aceptaron en la comisión de investigación del Parlamento andaluz que se culpara a los dos consejeros de Empleo bajo los cuales se produjo este robo a gran escala.

Nadie es culpable nunca de nada en esta generación de políticos.

Cada día que pasa Griñán al frente de la Junta es una explicación obvia de por qué los españoles creen que los políticos son el segundo o tercer problema más grave de la democracia. Por alguna razón, aspiran a un nivel de exigencia más alto en las autoridades, buscan que haya alguien que impida que los fondos públicos se gasten en droga, putas y cubatas. No es pedir demasiado.

La ley de defensa del delincuente tributario

Si hoy se han levantado de buen humor  les recomiendo que NO lean este artículo:

Imagine –sólo como hipótesis de trabajo– que no siente usted ningún tipo de deber en conciencia hacia la Hacienda Pública. Que sólo paga sus impuestos por el miedo a lo que pueda pasar si le pillan (y en la medida en que sienta el riesgo de que le puedan pillar).

Imagine también que, además de carecer de moral tributaria, gana usted anualmente mucho dinero (la combinación no parece imposible). Por ello, en su declaración del IRPF debe usted pagar más de 120.000 euros al Fisco.

Usted sabe que defraudar más de 120.000 euros a la Hacienda Pública es delito, por lo que si es descubierto será condenado a una pena de prisión de 1 a 5 años y a una multa del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada (art. 305.1 CP).

Por supuesto, con suerte y unos buenos servicios jurídicos podría reducir ese riesgo. Y si las cosas se ponen feas y le van a condenar, el objetivo de su abogado será buscar una pena de prisión por debajo de dos años, pues si no tiene usted antecedentes, es casi seguro que sesuspenderá su ejecución. Eso sí, la multa no se la quita nadie: hasta seis veces lo que haya defraudado (además, claro, de pagar lo que debía).

Este es el escenario teórico. Usted, como persona que sólo cumple con el fisco por miedo a las consecuencias, calculará ahora los concretos riesgos y verá si defrauda o no; en qué medida y por qué conceptos.

Ahora imagínese que las cosas son distintas: que vive en un país con un Gobierno muy cariñoso con los delincuentes fiscales. Ese Gobierno propone cambiar la ley en estos términos: si un delincuente fiscal es descubierto y resulta imputado, tiene un cómodo plazo de dos meses para pagar su deuda tributaria. Si lo hace, podrá obtener una rebaja extraordinaria de la pena, que permite reducirla hasta niveles ridículos: la pena de prisión quedará por debajo de un año (podría llegar a ser incluso de tres meses), por lo que alguien sin antecedentes jamás la cumpliríaLa multa estará siempre por debajo de la cifra defraudada, y podrá ser de la mitad o incluso de la cuarta parte de dicha cifra.

Finalmente, imagine que las Cortes aprueban tal regulación.

Ante esta situación, su análisis de riesgos varía. Usted juega con las probabilidades de ser descubierto; pero sabe que jamás irá a prisión, pues lo peor que le puede pasar es tener que pagar su deuda tributaria y una multa ínfima. ¿Tendría usted más incentivos para defraudar al Fisco? La respuesta es obvia: .

Pues bien: el pasado día de los santos inocentes el BOE ha publicado ese maravilloso regalo a todos los defraudadores tributarios de España, así como a quienes cometan fraudes a la Seguridad Social o fraudes de subvenciones. El nuevo artículo 305.6 del Código Penal les permitirácomprar su práctica impunidad en el caso de verse descubiertos, y por cierto a cambio de un precio muy bajo: pagando su deuda tributaria más una multa ridícula (¡siempre por debajo de la cifra defraudada!), podrán eludir la pena de prisión, ya que en virtud de esta superatenuantequedará por debajo de seis meses o, como mucho, de un año. Además, el plazo para decidir si pagan tan bajo precio a cambio de eludir la cárcel es holgado: dos meses desde que el defraudador reciba la citación como imputado (han leído bien: no dos meses desde que el defraudador comete los hechos, ni desde que es descubierto, ni desde que se inicia el procedimiento penal, no: dos meses desde que le citen a declarar en el Juzgado como imputado.

¿Se nos olvida algo? Ah, sí, el colofón: la Ley prevé expresamente (art. 305 bis 2) que estetratamiento VIP sea aplicable incluso a los megadelincuentes fiscales: los que usan testaferros o empresas de pantalla en paraísos fiscales, defraudan cantidades que superan los 600.000 euros, casos de crimen organizado…

Como pueden imaginar, esta rebaja extraordinaria no se aplica a los demás delitos. Si un ladrón o un estafador devuelven lo robado o estafado después de ser citados como  imputados, se les aplicará una pequeña atenuación por reparar el daño causado antes del juicio, pero no reciben este obsequioso trato que la Ley reserva para los grandes defraudadores al fisco.

Asistimos, pues, a la destrucción de cualquier posibilidad de que el Derecho penal tributario llegue a tener en España una mínima capacidad intimidatoria. Las consecuencias de esta reforma las experimentaremos durante los próximos años. Las razones contenidas en la Exposición de motivos de la Ley no son fácilmente comprensibles: ¿por qué querría el Gobierno debilitar el sistema de ingresos fiscales, especialmente en relación con quienes más dinero deben pagar a la Hacienda Pública? (recuérdese que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, la mayor parte del fraude fiscal es cometido por las grandes empresas y las grandes fortunas). La excusa de que “de este modo se logra que el Fisco cobre antes” no es aceptable: esta agilización del cobro –que sólo operaría en los escasísimos supuestos en que se logra iniciar un procedimiento penal– tendría un coste incomprensible: al proteger de esta manera al delincuente fiscal, se introducen unos incentivos extraordinarios para que se cometan nuevos fraudes tributarios.

El proyecto del Gobierno, ya convertido en Ley, consagra el fracaso de nuestro sistema penal tributario, al blindar legalmente lo que poco a poco ya casi se había logrado por otras vías: que ningún delincuente fiscal pueda pisar jamás la prisión.

 

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