Yustin c&p

Déjese querer por una loca

Archivar en la categoría “Arroyo de la Encomienda”

¿POR QUÉ EL ALCALDE DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA AUN NO HA DIMITIDO?

Hace mucho que no escribo por aquí, ya sabéis, novedades de las buenas en mi vida…

Pero hoy tras leer una entrada en el foro de mi pueblo del abogado que ha puesto contra las cuerdas a Méndez me he empezado a hacer preguntas y buscando, buscando, acabo de darme cuenta de algo que no logro entender:

¿POR QUÉ EL ALCALDE DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA AUN NO HA DIMITIDO?

Y no encuentro respuesta, porque que debería de hacerlo es algo que está claro y sino al lío:

Como todos sabemos al Alcalde fue condenado  a 8 años de inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo o cargo público así como a tres años de prisión por cohecho, lo que conlleva una «inhabilitación especial de sufragio».

El artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en su punto 2º establece claramente:

Son inelegibles:

  • b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

Y no, no vale decir que la sentencia está recurrida en casación ya que  la Ley señala expresamente Los condenados por sentencia, aunque no sea firme.

¿Por tanto, a qué esperan los concejales de la oposición a pedir de manera formal el cese inmediato del alcalde en virtud de esta normativa concreta?

¿A qué esperan el resto de concejales de IPAE para pedir el cese de su jefe de partido?

Que alguien con un poco de dignidad política pida de manera inmediata  la convocatoria de un pleno en Ayuntamiento pidiendo la ejecución de la sentencia. Es necesario que se tenga constancia en pleno de dicha sentencia, para así pedir el cese inmediato del alcalde.

Echando un vistazo rápido a la prensa aquí tenemos un ejemplo de lo que estoy pidiendo en esta entrada.

Y aquí os dejo otro ejemplo, este con un matiz muy curioso:

En riesgo los bolsillos del alcalde y de sus cargos de confianza.

En primer lugar, ha alertado al alcalde de que su cese por la incompatibilidad sobrevenida de su sentencia de inhabilitación traería consigo automáticamente la reclamación de devolución de todo lo que haya cobrado desde que fue condenado y, además, de cuantos gastos haya contraído desde entonces a cargo del erario público.

En segundo lugar, Intervención de Fondos ha hecho constar que todo su personal de confianza se encuentra en la misma situación de alegalidad-ilegalidad que él y que, por tanto, también está expuesto a tener que devolver todos los sueldos que hayan cobrado desde la notificación de la sentencia del Caso Enchufe hasta su cese. Para que lo entiendan: los puestos de confianza son nombrados directamente por el alcalde, y la vigencia de sus contratos expira a lo más tardar cuando el alcalde cesa, normalmente al final de cada mandato. Si el primer edil cesa antes, sus puestos de confianza también. El sucesor de la Alcaldía puede renombrarlos en cuanto tome posesión del cargo (si se fía de los ‘confianzudos’ de su antecesor).

En una situación anómala como la de Arona, como el primer edil se está escaqueando de su obligación legal de cesar con triquiñuelas, su situación es tal alegal y comprometida como la de sus cargos de confianza. Esto sí que es novedad ¿eh? Que en vez de el pueblo raso sean sus políticos quienes estén aterrorizados con su solvencia económica 

Leed el artículo completo de ese blog porque merece la pena y puede ser reflejo de lo que pueda acabar ocurriendo en Arroyo.

¿Por cierto, quién es la Interventora en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda? ¿No tiene nada que decir a respecto?

Por todo lo expuesto, espero que o bien los concejales de la oposición que no sé realmente que pintan en el pueblo, porque es de vergüenza ajena su inacción, los propios concejales de IPAE, sí, los que de manera continua respaldan la actuación de su jefe condenado, la Interventora del Ayuntamiento, el Secretario, …qué alguien tenga dignidad política y visión pública y haga algo YA al respecto.

El juicio por el caso Arroyo comienza el 24 de junio contra el alcalde y cinco imputados más

Por fin tenemos fecha http://www.elnortedecastilla.es/20130402/local/valladolid/juicio-caso-arroyo-comienza-201304021141.html

El juicio por el caso Arroyo comienza el 24 de junio contra el alcalde y cinco imputados más

La Fiscalía pide penas que suman 36,5 años y más de 2,1 millones en multas para los imputados

La Audiencia de Valladolid sentará desde el próximo día 24 de junio en el banquillo de los acusados al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, así como al portavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván, y a otros cuatro imputados más por el denominado ‘Caso Arroyo’ sobre supuesta corrupción urbanística.

La Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle, ha fijado para el 24 de junio el inicio de la vista oral, que, en principio, se prolongará durante los días 25, 26, 27 y 28 del mismo mes.

El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados, informa Europa Press.

En concreto, la acusación pública imputa dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo, para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.

En el caso de Jesús García Galván, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

Se da la circunstancia de que García Galván, en mayo de 2012, se dirigió por carta al presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, para comunicar su intención de dimitir si finalmente se celebraba juicio oral contra él por este caso y renunciaría a sus cargos de representación pública institucional.

Además, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años por de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.

En concreto, pide para Méndez un total de 16,5 años de privación de libertad, inhabilitación especial por 31,5 años y el pago de 3.485.000 euros de multa (por tres delitos de cohecho, uno de malversación y otro urbanístico), mientras que para García Galván interesa un total de seis años, 20 de inhabilitación y 475.000 euros de multa (por un delito de cohecho y otro de prevaricación urbanística).

En su relato de hechos, el juez situó como principales artífices de la «trama urdida» a los dos representantes de Mahía, Ramón López y José Presas, y al alcalde de Arroyo, a los que acusa de ponerse de acuerdo para beneficiar a la referida empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas en la localidad, constituyendo para ello un entramado de mercantiles vinculadas al grupo gallego, y todo ello a cambio de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos.

Así, la investigación otorga al hoy alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en dicho entramado, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con los anteriores antes de recalar en Arroyo fueron aprovechadas por los tres imputados para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.

De ellos y del resto de imputados, y a modo de síntesis, el juez apunta que «llevaron a cabo conductas consistentes en informar de modo favorable a las solicitudes de Mahía (cualquiera de las empresas del grupo), votar en igual sentido tanto en el Ayuntamiento como en la sociedad municipal del suelo (Emuva), potenciar la expansión con los medios a su alcance, incumplir y obviar trámites administrativos, sobredimensionar presupuestos de adjudicaciones, pagar elevadas e injustificadas cantidades de dinero por servicios o actuaciones puntuales urbanísticas, cuyo coste real era inferior».

Entre las numerosas ilegalidades presuntamente cometidas figuran el convenio urbanístico suscrito en 2005 entre Méndez y su exempleada y apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel, que permitía recalificar en el SAU-9 de la localidad un total de 25.598 metros de suelo industrial a residencial para que la promotora edificara 2.984 viviendas, o el acuerdo alcanzado cinco años antes para modificar puntualmente las normas subsidiarias del SAU-13, con el fin de edificar allí, pese a la existencia de una empresa papelera.

Las pesquisas apuntan que en este tipo de operaciones Mahía contó con la colaboración del arquitecto Buenaventura Conde, junto con la del entonces presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, que dio luz verde a las mismas y al PGOU de la localidad, que convirtió en urbanizable el 70 por ciento del municipio.

Treinta millones

En este sentido, el auto menciona 30 millones de las antiguas pesetas que, como «colaborador», habría recibido el alcalde de Mahía, así como una vivienda, gratuitamente, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), si bien se desconoce la procedencia del dinero para adquirir otra en As Nogais (Lugo), un chalé en Sangenjo y un piso en Carril, ambos en Pontevedra, o las dos fincas compradas en la lujosa urbanización de La Vega, en la localidad vallisoletana de Arroyo, para edificar un chalé.

«Los ingresos de Méndez eran de alrededor de 3.000 euros, sin que conste la capacidad económica de ninguno de los cónyuges –se refiere también a su esposa– para estas operaciones procedentes de ingresos ilícitos», refiere el auto, que, entre otras ilegalidades, imputa también al munícipe haber regalado, sin expediente alguno, unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al municipio de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego.

Patrimonio no justificado

A lo largo de las 34 páginas del auto, el juez detallaba igualmente el patrimonio acaparado por el resto de imputados, entre ellos el hoy portavoz del PP en la Diputación vallisoletana, el popular Jesús García Galván.

De este último, expresidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, la investigación le atribuía un regalo en forma de chalé, supuestamente concedido por Mahía, en el municipio gallego de Mugardos (La Coruña), de 196 metros cuadrados. Aunque el precio se firmó en abril de 2004 por 148.000 euros, «aparece indiciariamente la compra como ficticia, entregada de modo gratuito por las gestiones del citado a favor de la empresa», indica el auto, que recuerda que por aquellas fechas se sitúan las operaciones del SAU-9 y SAU-13 en Arroyo.

Navegador de artículos