Yustin c&p

Déjese querer por una loca

Archivar para el mes “abril, 2013”

El honor perdido de José Antonio Griñán

Excelente radiografía de lo que ocurre en España:

http://www.eldiario.es/zonacritica/honor-perdido-Jose-Antonio-Grinan_6_119398062.html

¿Qué tiene que decir el presidente de la Junta andaluza sobre el sistema de ayudas que permitió un fraude que quizá pueda alcanzar los 136 millones de euros? “Se podía haber hecho más seguro”, dice José Antonio Griñán en una entrevista.Durante diez años, la Consejería de Empleo fue un foco de corrupción. ¿Cómo se explica eso? ¿No pudo hacer nada para evitarlo el Gobierno del que formaba parte Griñán? “Había una concertación de intereses fuera con una complicidad dentro”, dice en una demostración de neolengua a las que tan mal nos tienen acostumbrados los políticos.

El caso de los ERE es otro ejemplo, aunque de los más dramáticos, de la impunidad política con que se mueven en España aquellas personas que tienen como responsabilidad la administración de fondos públicos. El argumento de la manzana podrida se cae por su propio peso cuando los corruptos campan a sus anchas no durante unos meses o unos pocos años, sino durante una década. En ese caso, el que está podrido es el sistema. El sistema de elección de cargos públicos, el sistema de control de las irregularidades o el sistema de asunción de responsabilidades.

En esa reveladora entrevista, en El País, el presidente andaluz parece empeñarse en hacernos llegar el mensaje de que son políticos como él los que, por acción u omisión, han permitido la extensión de la corrupción hasta niveles intolerables.

“El problema no es si se tardó mucho o poco, que se tardó, como que cuando se conoció el fraude se actuara o no se actuara. Y se actuó”. No hay nada más que hablar, dispérsense y no me formen grupos hasta que haya condenas. Cuando algunas personas que forman un grupo organizado roban decenas de millones al erario público, sí es un problema el tiempo que se tarde en echarles el guante. Y reaccionar cuando el fraude es notorio y no se puede ocultar, no es algo de lo que se pueda presumir. Sólo faltaba.

En la custodia de los fondos públicos, parece que la absoluta inexistencia de controles internos efectivos es poco menos que inevitable. En la mentalidad de políticos como Griñán, si te roban bajo tus narices 136 millones, no tienes ninguna responsabilidad. Te dicen que si les hubieran presentado pruebas incuestionables, habrían reaccionado con rapidez. Como si tuvieran otra elección. Pero si reciben indicios de que no se está cumpliendo la ley en la concesión de ayudas, siempre encuentran una excusa para mirar a otro lado. Que se pongan de acuerdo los organismos correspondientes. Yo prefiero no mirar no sea que encuentre algo que me obligue a actuar.

La entrevista adquiere un nivel deprimente cuando el periodista presiona a Griñán para que diga por qué no se hizo nada cuando la Intervención de la Junta alertó de que se daban las ayudas “prescindiendo del procedimiento administrativo previsto en la ley”. El líder del PSOE andaluz niega la mayor. Afirma que eso no era una señal de alarma, incluso que pasa con frecuencia en la Administración.

Aparentemente, la Intervención no envió el llamado “informe de actuación”, un semáforo en rojo que habría llegado al Consejo de Gobierno. Dentro del funcionamiento habitual en este país, quizá sus responsables no querían meterse en más problemas y elevar al máximo la disputa. Razón de más para reflexionar sobre el daño que hace el partidismo y el clientelismo en los órganos profesionales de la Administración.

Eso es lo que permitió a la viceconsejera de Economía tomar la decisión de no molestar al jefe (el propio Griñán, entonces responsable del departamento) con esos informes. En la línea de lo reseñado antes, la viceconsejera (Carmen Martínez Aguayo, hoy consejera) podía protegerlo mejor ahorrándole ese conocimiento. Como dice el presidente, estas cosas ocurren centenares de veces en la Administración. Intervención General dice que un gasto no se ajusta a la ley. Eso sólo son discrepancias contables. Ya lo arreglaremos de alguna forma.

Lo que no sabes no te puede hacer daño. Por eso, en la entrevista Griñán no cree que deba reprocharse nada grave.

Al final, todo eso que Griñán debería haber conocido sí ha terminado haciéndole daño. Acaba con la confianza de los ciudadanos en los políticos en todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos públicos. Demuestra que los gobiernos son extremadamente exigentes con los ciudadanos al ordenarles que hagan frente a sus responsabilidades fiscales, pero al mismo tiempo se toma sus propias obligaciones con una sorprendente ligereza. Alienta la idea de que sólo los políticos corruptos descuidados terminan siendo atrapados, y eso años más tarde.

Años atrás, el PSOE andaluz podía haber alegado (no sé si de forma muy convincente) que no había pruebas suficientes para dirimir las responsabilidades políticas. Ahora, incluso con la instrucción del caso pendiente de finalizar, no tiene derecho a sostener que sus dirigentes demostraron la diligencia debida en la protección del dinero de los contribuyentes. Ni siquiera aceptaron en la comisión de investigación del Parlamento andaluz que se culpara a los dos consejeros de Empleo bajo los cuales se produjo este robo a gran escala.

Nadie es culpable nunca de nada en esta generación de políticos.

Cada día que pasa Griñán al frente de la Junta es una explicación obvia de por qué los españoles creen que los políticos son el segundo o tercer problema más grave de la democracia. Por alguna razón, aspiran a un nivel de exigencia más alto en las autoridades, buscan que haya alguien que impida que los fondos públicos se gasten en droga, putas y cubatas. No es pedir demasiado.

El juicio por el caso Arroyo comienza el 24 de junio contra el alcalde y cinco imputados más

Por fin tenemos fecha http://www.elnortedecastilla.es/20130402/local/valladolid/juicio-caso-arroyo-comienza-201304021141.html

El juicio por el caso Arroyo comienza el 24 de junio contra el alcalde y cinco imputados más

La Fiscalía pide penas que suman 36,5 años y más de 2,1 millones en multas para los imputados

La Audiencia de Valladolid sentará desde el próximo día 24 de junio en el banquillo de los acusados al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, así como al portavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván, y a otros cuatro imputados más por el denominado ‘Caso Arroyo’ sobre supuesta corrupción urbanística.

La Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle, ha fijado para el 24 de junio el inicio de la vista oral, que, en principio, se prolongará durante los días 25, 26, 27 y 28 del mismo mes.

El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados, informa Europa Press.

En concreto, la acusación pública imputa dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo, para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.

En el caso de Jesús García Galván, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

Se da la circunstancia de que García Galván, en mayo de 2012, se dirigió por carta al presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, para comunicar su intención de dimitir si finalmente se celebraba juicio oral contra él por este caso y renunciaría a sus cargos de representación pública institucional.

Además, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años por de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.

En concreto, pide para Méndez un total de 16,5 años de privación de libertad, inhabilitación especial por 31,5 años y el pago de 3.485.000 euros de multa (por tres delitos de cohecho, uno de malversación y otro urbanístico), mientras que para García Galván interesa un total de seis años, 20 de inhabilitación y 475.000 euros de multa (por un delito de cohecho y otro de prevaricación urbanística).

En su relato de hechos, el juez situó como principales artífices de la «trama urdida» a los dos representantes de Mahía, Ramón López y José Presas, y al alcalde de Arroyo, a los que acusa de ponerse de acuerdo para beneficiar a la referida empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas en la localidad, constituyendo para ello un entramado de mercantiles vinculadas al grupo gallego, y todo ello a cambio de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos.

Así, la investigación otorga al hoy alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en dicho entramado, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con los anteriores antes de recalar en Arroyo fueron aprovechadas por los tres imputados para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.

De ellos y del resto de imputados, y a modo de síntesis, el juez apunta que «llevaron a cabo conductas consistentes en informar de modo favorable a las solicitudes de Mahía (cualquiera de las empresas del grupo), votar en igual sentido tanto en el Ayuntamiento como en la sociedad municipal del suelo (Emuva), potenciar la expansión con los medios a su alcance, incumplir y obviar trámites administrativos, sobredimensionar presupuestos de adjudicaciones, pagar elevadas e injustificadas cantidades de dinero por servicios o actuaciones puntuales urbanísticas, cuyo coste real era inferior».

Entre las numerosas ilegalidades presuntamente cometidas figuran el convenio urbanístico suscrito en 2005 entre Méndez y su exempleada y apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel, que permitía recalificar en el SAU-9 de la localidad un total de 25.598 metros de suelo industrial a residencial para que la promotora edificara 2.984 viviendas, o el acuerdo alcanzado cinco años antes para modificar puntualmente las normas subsidiarias del SAU-13, con el fin de edificar allí, pese a la existencia de una empresa papelera.

Las pesquisas apuntan que en este tipo de operaciones Mahía contó con la colaboración del arquitecto Buenaventura Conde, junto con la del entonces presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, que dio luz verde a las mismas y al PGOU de la localidad, que convirtió en urbanizable el 70 por ciento del municipio.

Treinta millones

En este sentido, el auto menciona 30 millones de las antiguas pesetas que, como «colaborador», habría recibido el alcalde de Mahía, así como una vivienda, gratuitamente, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), si bien se desconoce la procedencia del dinero para adquirir otra en As Nogais (Lugo), un chalé en Sangenjo y un piso en Carril, ambos en Pontevedra, o las dos fincas compradas en la lujosa urbanización de La Vega, en la localidad vallisoletana de Arroyo, para edificar un chalé.

«Los ingresos de Méndez eran de alrededor de 3.000 euros, sin que conste la capacidad económica de ninguno de los cónyuges –se refiere también a su esposa– para estas operaciones procedentes de ingresos ilícitos», refiere el auto, que, entre otras ilegalidades, imputa también al munícipe haber regalado, sin expediente alguno, unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al municipio de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego.

Patrimonio no justificado

A lo largo de las 34 páginas del auto, el juez detallaba igualmente el patrimonio acaparado por el resto de imputados, entre ellos el hoy portavoz del PP en la Diputación vallisoletana, el popular Jesús García Galván.

De este último, expresidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, la investigación le atribuía un regalo en forma de chalé, supuestamente concedido por Mahía, en el municipio gallego de Mugardos (La Coruña), de 196 metros cuadrados. Aunque el precio se firmó en abril de 2004 por 148.000 euros, «aparece indiciariamente la compra como ficticia, entregada de modo gratuito por las gestiones del citado a favor de la empresa», indica el auto, que recuerda que por aquellas fechas se sitúan las operaciones del SAU-9 y SAU-13 en Arroyo.

La ley de defensa del delincuente tributario

Si hoy se han levantado de buen humor  les recomiendo que NO lean este artículo:

Imagine –sólo como hipótesis de trabajo– que no siente usted ningún tipo de deber en conciencia hacia la Hacienda Pública. Que sólo paga sus impuestos por el miedo a lo que pueda pasar si le pillan (y en la medida en que sienta el riesgo de que le puedan pillar).

Imagine también que, además de carecer de moral tributaria, gana usted anualmente mucho dinero (la combinación no parece imposible). Por ello, en su declaración del IRPF debe usted pagar más de 120.000 euros al Fisco.

Usted sabe que defraudar más de 120.000 euros a la Hacienda Pública es delito, por lo que si es descubierto será condenado a una pena de prisión de 1 a 5 años y a una multa del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada (art. 305.1 CP).

Por supuesto, con suerte y unos buenos servicios jurídicos podría reducir ese riesgo. Y si las cosas se ponen feas y le van a condenar, el objetivo de su abogado será buscar una pena de prisión por debajo de dos años, pues si no tiene usted antecedentes, es casi seguro que sesuspenderá su ejecución. Eso sí, la multa no se la quita nadie: hasta seis veces lo que haya defraudado (además, claro, de pagar lo que debía).

Este es el escenario teórico. Usted, como persona que sólo cumple con el fisco por miedo a las consecuencias, calculará ahora los concretos riesgos y verá si defrauda o no; en qué medida y por qué conceptos.

Ahora imagínese que las cosas son distintas: que vive en un país con un Gobierno muy cariñoso con los delincuentes fiscales. Ese Gobierno propone cambiar la ley en estos términos: si un delincuente fiscal es descubierto y resulta imputado, tiene un cómodo plazo de dos meses para pagar su deuda tributaria. Si lo hace, podrá obtener una rebaja extraordinaria de la pena, que permite reducirla hasta niveles ridículos: la pena de prisión quedará por debajo de un año (podría llegar a ser incluso de tres meses), por lo que alguien sin antecedentes jamás la cumpliríaLa multa estará siempre por debajo de la cifra defraudada, y podrá ser de la mitad o incluso de la cuarta parte de dicha cifra.

Finalmente, imagine que las Cortes aprueban tal regulación.

Ante esta situación, su análisis de riesgos varía. Usted juega con las probabilidades de ser descubierto; pero sabe que jamás irá a prisión, pues lo peor que le puede pasar es tener que pagar su deuda tributaria y una multa ínfima. ¿Tendría usted más incentivos para defraudar al Fisco? La respuesta es obvia: .

Pues bien: el pasado día de los santos inocentes el BOE ha publicado ese maravilloso regalo a todos los defraudadores tributarios de España, así como a quienes cometan fraudes a la Seguridad Social o fraudes de subvenciones. El nuevo artículo 305.6 del Código Penal les permitirácomprar su práctica impunidad en el caso de verse descubiertos, y por cierto a cambio de un precio muy bajo: pagando su deuda tributaria más una multa ridícula (¡siempre por debajo de la cifra defraudada!), podrán eludir la pena de prisión, ya que en virtud de esta superatenuantequedará por debajo de seis meses o, como mucho, de un año. Además, el plazo para decidir si pagan tan bajo precio a cambio de eludir la cárcel es holgado: dos meses desde que el defraudador reciba la citación como imputado (han leído bien: no dos meses desde que el defraudador comete los hechos, ni desde que es descubierto, ni desde que se inicia el procedimiento penal, no: dos meses desde que le citen a declarar en el Juzgado como imputado.

¿Se nos olvida algo? Ah, sí, el colofón: la Ley prevé expresamente (art. 305 bis 2) que estetratamiento VIP sea aplicable incluso a los megadelincuentes fiscales: los que usan testaferros o empresas de pantalla en paraísos fiscales, defraudan cantidades que superan los 600.000 euros, casos de crimen organizado…

Como pueden imaginar, esta rebaja extraordinaria no se aplica a los demás delitos. Si un ladrón o un estafador devuelven lo robado o estafado después de ser citados como  imputados, se les aplicará una pequeña atenuación por reparar el daño causado antes del juicio, pero no reciben este obsequioso trato que la Ley reserva para los grandes defraudadores al fisco.

Asistimos, pues, a la destrucción de cualquier posibilidad de que el Derecho penal tributario llegue a tener en España una mínima capacidad intimidatoria. Las consecuencias de esta reforma las experimentaremos durante los próximos años. Las razones contenidas en la Exposición de motivos de la Ley no son fácilmente comprensibles: ¿por qué querría el Gobierno debilitar el sistema de ingresos fiscales, especialmente en relación con quienes más dinero deben pagar a la Hacienda Pública? (recuérdese que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, la mayor parte del fraude fiscal es cometido por las grandes empresas y las grandes fortunas). La excusa de que “de este modo se logra que el Fisco cobre antes” no es aceptable: esta agilización del cobro –que sólo operaría en los escasísimos supuestos en que se logra iniciar un procedimiento penal– tendría un coste incomprensible: al proteger de esta manera al delincuente fiscal, se introducen unos incentivos extraordinarios para que se cometan nuevos fraudes tributarios.

El proyecto del Gobierno, ya convertido en Ley, consagra el fracaso de nuestro sistema penal tributario, al blindar legalmente lo que poco a poco ya casi se había logrado por otras vías: que ningún delincuente fiscal pueda pisar jamás la prisión.

 

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